María Rodríguez, presidenta de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, “Es fundamental que todas las comunidades autónomas se planteen una Dirección General de RSE, como en Baleares”

24/abril/ SERVIMEDIA.-Lamenta que el Consejo Estatal de la RSE no haya dado más peso a la sociedad civil y reflexiona sobre los avances que ha supuesto la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios. 

Estamos asistiendo a diferentes iniciativas que ponen de manifiesto la importancia que está adquiriendo la RSE tanto para las empresas privadas como para la propia Administración. Un ejemplo es la reciente creación del Consejo Estatal de la RSE.¿Qué futuro le augura?  

Yo creo que es un paso adelante. Como todo en la vida, nada es especialmente trascendental pero sí es verdad que gota a gota al final se hace un charco. Yo creo que el Consejo de RSE es muy importante. Ahora queda pendiente la composición, que yo creo que podría haberse establecido de una manera más favorable para los grupos sociales, pero en todo caso, pienso que la política es el arte de lo posible. Por tanto, si tenemos en cuenta de dónde partíamos es, sin duda, un buen Consejo. Es un instrumento que permite una participación tanto de los sindicatos, como de los empresarios, de la propia administración y de los colectivos sociales –entre los que se encuentran los consumidores- para tener un órgano a través del cual seamos capaces de influir en determinadas políticas. Creo que es una medida muy positiva, que ha costado mucho esfuerzo y que, aunque pueda ser mejorable,  es un instrumento válido en este momento. 

¿Cree que es necesario que las distintas Administraciones Públicas se doten de departamentos de RSE? 

Yo creo que las Administraciones Públicas tienen una labor fundamental y es la del fomento de la RSE. No solamente de cara al exterior, en el sentido de propiciar espacios y debates en torno a la Responsabilidad Social, sino también desde su propio comportamiento “empresarial”, es decir, a través de las contrataciones que efectúan los ayuntamientos y que cada vez son más.  

Sería bueno que las Administraciones se dotaran de departamentos de RSE, al igual que las grandes empresas están creando departamentos específicos o direcciones generales. Es fundamental que todas las comunidades autónomas se planteen una Dirección General de RSE, en la línea de lo que ha hecho ya el Gobierno de las Islas Baleares. 

En la pasada legislatura el Gobierno incorporó prácticas propias del sector privado, con el objetivo de garantizar que los altos cargos de la Administración General del Estado y del Ejecutivo desarrollaran su trabajo con la eficiencia que demanda la sociedad. 

Creo que hay que dar claridad y transparencia, pero los resultados de estas medidas parecen inciertos. Siempre hay los suficientes resquicios como para no cumplir las normas. De todas formas, creo que es un avance en un proceso que es el objetivo real de la RSE, que es devolver de alguna manera a la sociedad aquello de lo que inicialmente se toma.  

El Estado de Bienestar supuso un paso fundamental en el marco de los países europeos, es cierto que surgió por dos guerras mundiales, que como siempre afectaron fundamentalmente a Europa, y de ahí surgió un consenso para empezar a hacer las cosa de manera diferente. En este momento estamos en otra fase, donde las empresas toman conciencia de que son un factor fundamental de la economía pero que también tienen una serie de responsabilidades con la sociedad gracias a los cuales ellos son capaces de tener esos beneficios. En la medida en la que vamos incorporando valores al acto del consumo y no sólo nos fijamos en valores como el precio, -no es una realidad pero sí una tendencia- vamos avanzando para conseguir una sociedad más justa. Las empresas que quieren seguir siendo competitivas saben muy bien que tienen que contar con eso. 

Respecto a los funcionarios, también se han hecho recomendaciones, tal y como ocurre en países como Suecia, Noruega o Dinamarca, para incorporar a sus dinámicas de trabajo criterios de empresa privada o de mercado, que hacen mucho más eficiente el servicio público. ¿Está usted de acuerdo con su esta propuesta? 

Yo creo que todos, con nuestro comportamiento diario tenemos que dar ejemplo.  

Pero hay que tener en cuenta la situación concreta de cada país. En España, ha calado entre la opinión pública que los funcionarios adolecen de cierta apatía a la hora de realizar su trabajo. 

Quizá todos tenemos que dar ejemplo de lo que queremos. Lo que tú no puedes hacer es hablar de RSE y luego tener a tu gente con contratos basura, por ejemplo, o no tenerlos contratados. 

¿Y cómo se pueden controlar este tipo de situaciones, es decir, cómo se puede auditar la RSE? 

Es muy difícil. Actualmente se está trabajando en la ISO 26000, pero va a ser únicamente una guía de buenas prácticas,  que no obliga a nada. Por eso en el trabajo de Foro de Expertos no hablábamos tanto de acreditación ni auditorías, sino de verificación. Es decir, tanto las empresas como la Administración, si se declaran Socialmente Responsable, eso debe ser verificable por organismos externos. 

Que una empresa se declare socialmente responsable supone un valor añadido frente a su competencia pero, ¿conlleva también un coste extra para el consumidor? 

Lo que es verdad es que al ser un tema nuevo para las empresas, la puesta en marcha de estas prácticas supone modificar determinadas formas de funcionamiento, realizar cambios metodológicos. En definitiva, poner en tensión a toda una empresa, así que en un primer momento sí puede suponer un coste añadido para las empresas. Pero, y los resultados de las encuestas que hemos realizado en este sentido lo dejan claro, los consumidores no están dispuestos a pagar más. Los consumidores cada vez exigen más a las empresas una actitud socialmente responsable, pero también que éstas asuman los costes derivados de ello. 

¿En qué situación se encuentra la RSE en la Unión Europea respecto a EEUU? 

En EEUU hay otros criterios. En una sociedad tan individualista, invertebrada. Se han dado pasos pero no hay que olvidar que las empresas americanas no han sido solamente las más corruptas sino que han favorecido dos golpes militares en América del Sur y eso también es corrupción. 

El carácter más social vendrá impulsado desde Europa, como siempre, y con empresas españolas que actúan en otros países. Que nuestros criterios se cumplan independientemente de la ley de allá. Es a lo que tenemos que aspirar. Nosotros hemos comprobado que la mayoría de los españoles, un 84%, está de acuerdo en que las políticas desarrolladas en nuestro país se exijan también fuera de nuestras fronteras. Tenemos que procurar que todo lo que estamos consiguiendo aquí sirva para, poco a poco, alcanzar una sociedad más justa dentro y fuera de nuestro país. Tenemos que estar muy atentos de lo que se está haciendo.  

¿Qué balance hace de la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios aprobada hace un año? 

Los usuarios ya han podido comprobar los beneficios de los últimos cambios introducidos. Por ejemplo, en el tema de los aparcamientos que ahora pagamos por minutos o en el tema de telecomunicaciones, donde es más fácil darte de baja. Se está sintiendo en aquellos temas más de uso diario, cotidiano, claramente se está viendo que la ley es eficaz.  

Realizamos miles de actos de consumo sin darnos cuenta. Esta ley ha servido para establecer el marco general conceptual de los derechos básicos de los consumidores. En este momento hay un marco general para que después se desarrollen otras leyes más sectoriales.  

Usted habla de derechos de los consumidores y los derechos siempre conllevan obligaciones.  

En efecto. Los consumidores tenemos derechos pero también tenemos obligaciones. Una de las obligaciones es la de ejercer como un agente activo para poder influir en las relaciones de mercado y que, con nuestra opción de compra o contrato de un servicio, podamos influir en la sociedad de una forma eficaz. De ahí la importancia de que la sociedad esté vertebrada y de que la gente se asocie. No se trata solamente de la resolución de un conflicto, sino de evitar que se produzca ese conflicto y de tener la capacidad para decidir en un momento determinado. Debemos comprar sólo en las empresas que son socialmente responsables. Es lo que denominamos “el poder del consumidor”, un poder latente que nunca se ha puesto en funcionamiento y que ahora empieza a tenerse en cuenta.