“Si los trabajadores soportan el mayor peso de la crisis, algo no funciona en la RSE”

30.09.2008-Responsables.biz- El 18 de julio Juan José Barrera Cerezal renovó su cargo como director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE dentro del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  Barrera continúa así con la responsabilidad que le encomendó el Gobierno en la pasada legislatura: impulsar la Responsabilidad Corporativa (RC) en las diferentes políticas públicas, especialmente, en las relacionadas con el empleo. 

Tras cuatro años de trabajo, marcados por la creación de un foro de expertos en el Ministerio de Trabajo y la introducción de la RC en la Mesa del Diálogo Social,  Juan José Barrera tiene ante sí el cometido de seguir buscando el diálogo entre los agentes que construyen la RC en España  y llevar a lo concreto tantas horas de debate. Primera parada: la puesta en marcha de Consejo Estatal de la RSE.  

Nacido el 16 de febrero por real decreto, el Consejo Estatal de la RSE espera cerrar todo el periplo burocrático y organizativo necesario para tomar vida en las próximas semanas, tras su reciente modificación. Como producto de la legislatura pasada el Consejo recoge la propuesta de los expertos que participaron en los foros de discusión organizados por el Ministerio de Trabajo y el Parlamento. Sus funciones serán fomentar la RC en España y proponer medidas al Gobierno destinadas a tal fin; promover la creación de memorias de sostenibilidad entre las empresas; y constituirse como un observatorio de la RSE en España. 

Sin embargo, Juan José Barrera no sólo se encargará de impulsar la puesta en marcha y funcionamiento de este Consejo, tendrá que seguir trabajando por buscar un hueco para la RC dentro de la política de Gobierno, hacia fuera y hacia dentro.  Y es que una de las líneas de trabajo que se contemplan para los próximos años es la incorporación de criterios de responsabilidad social, en sustitución de la corporativa, en la propia Administración.  Así, asuntos como la creación de una memoria de sostenibilidad de la Administración Pública o la promoción de la compra pública responsable están entre las preocupaciones de esta dirección general. 

PREGUNTA- Ha bautizado a esta como “la legislatura de la concreción” ¿Qué desearía que se concretara durante estos años? 

RESPUESTA- Los cuatro años anteriores fueron de debate, primero,  con el fin de conocernos todos, saber quién estaba en este tema de la responsabilidad social; y luego averiguar si había posibilidades de construir un discurso conjunto. Hemos pasado estos cuatro años intentando construir ese discurso conjunto. 

Lo conseguimos. Conseguimos sacar dos documentos muy importantes: el del foro de expertos de RSE y el de la mesa del Diálogo Social.  Y el Parlamento preparó su propio documento. En todos ellos hay una serie de planteamientos en los que estamos de acuerdo casi todos. 

Partiendo de esto surge una hoja de ruta  o, al menos, el acuerdo de emprender un camino y un instrumento, el Consejo Estatal de la RSE, al que se han incorporado las administraciones autonómicas y  locales.  Ahora toca concretar eso que hemos dicho que queríamos hacer en esos documentos y desarrollar actuaciones en común. Algo que es independiente de que cada parte haga las suyas, por ejemplo, el propio Gobierno. 

El Gobierno en la legislatura anterior aprobó la modificación de la ley de contratos del Estado, en la que recogía que en estos contratos habría algunas cláusulas sociales y medioambientales. Este es un elemento de responsabilidad social, en este caso de las Administraciones Públicas, que habrá que desarrollar con cada uno de los contratos que el Estado saque. Otro asunto que deberemos concretar es cómo aplicar esos criterios de responsabilidad social a las propias Administraciones Públicas. 

P.- Sin embargo, la nueva ley de contratos del Estado, que está pendiente del desarrollo de su reglamento por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, deja en manos del organismo contratante la aplicación o no de este tipo de cláusulas… 

R.- Siempre se ha  dicho que la responsabilidad social de las empresas es un asunto voluntario que va por encima de las normas legales. Por lo tanto, lo que tiene que evaluar el ciudadano es si realmente cada Administración,  cuando saque las cláusulas para los contratos, lo incorpora o no. Cuando se produzca el desarrollo reglamentario y empiecen a aparecer  los  contratos, tras uno o dos años de funcionamiento normal del reglamento, nos tendrán que evaluar  y ver si nos lo hemos tomado en serio o no.  

Esta ley tiene una importancia clara. Porque muchas veces la propia Administración General del Estado, independientemente de las compras que realiza, también traslada una imagen al resto de la administraciones. 

P.- En varias ocasiones ha manifestado su interés por que la propia Administración avance en la incorporación de elementos de RC a su propia gestión, por ejemplo, publicando  memorias de responsabilidad social ¿Encuentra eco su propuesta en el Gobierno? 

R.-  Me consta que en las reuniones que se han realizado, con motivo de la aprobación del real decreto del Consejo de RSE en febrero y ahora por su  modificación, se comentaba que esto no era ‘punto y se acabó’. Y lo decían los ministros, el Gobierno, en referencia a que debían comprometerse todos los departamentos para desarrollar políticas de sostenibilidad vinculadas con la responsabilidad social. 

Lo que sí es cierto es que en la Administración los procesos son lentos. Por ejemplo, la simple modificación de la estructura del Consejo que aprobamos en el 15 de febrero por el cambio de Gobierno ha llevado un mucho tiempo.  Pero lo importante es que, aunque los procesos sean lentos, los grandes avances se producen cuando el trabajo se va asentando sobre seguro.  Este tema de la RSE, entendido como algo por encima de las normas legales, es un asunto más de convencimiento, de llevar cosas a la práctica, mantener aquellas que vayan funcionando y pasar al siguiente eslabón. 

Ha habido dos temas claves [para el desarrollo de la responsabilidad social de la Administración]: las compras públicas y las Inversiones Socialmente Responsables (ISR). En el primer caso, hemos aprobado la ley. Lo que ocurre es que ha sido a final de la legislatura y hay que darle recorrido. 

Después tenemos la ISR, donde la propuesta era incorporar estos criterios a una parte del  fondo más importante de recursos que tiene la Administración que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Si una parte de estos recursos se destinaba a inversión en empresas —se hablaba de un 10% en la legislación anterior— se proponía que esas inversiones tuvieran en cuenta criterios sociales y ambientales. Imaginemos lo que esto hubiera sido si se llega a aprobar desde el punto de vista de la ISR. Suponía poner en el mercado cerca de 5.000 millones de euros.  

Al final no hubo consenso, no porque no se quiera invertir con criterio de ISR sino porque se decidió no invertir en Bolsa. Si el día de mañana hay un consenso, no sólo con los partidos políticos sino con los agentes sociales, entraría la ISR.  Es un asunto que formará parte del debate dentro de los temas del Diálogo Social. Cuando se hable de Seguridad Social y de pensiones podrá entrar. Lo que está claro es que se pretende buscar el mayor consenso posible. 

P.- ¿Finalmente cuándo se  constituirá formalmente el Consejo Estatal de la RSE? 

R.- Había un paso que dar: cambiar la composición del Consejo para modificar el nombre de algunos ministerios — que ahora se llaman de otro modo— e incorporar a dos ministerios cuyas funciones antes estaban adscritas al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, Asuntos Sociales ahora está en el Ministerio de Educación y Asuntos Sociales; e Igualdad, que es muy importante en materia de RSE, ahora tiene un ministerio propio. Esto nos llevó a cambiar el decreto y se ha aprobado el 5 de septiembre. 

Ahora hay que publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE)y, una vez publicado, hay que mandar inmediatamente una carta desde el Ministerio de Trabajo a las distintas entidades miembros que conformarán el Consejo para que designen un titular y un suplente. Luego tendrán que publicarse los nombres en el BOE y, a partir de ahí, hacer el Consejo. Si todos esos procesos se dan como deben de darse creo que podremos tener la reunión en la primera quincena de octubre. 

P.- ¿Por qué  ha resultado tan difícil formar el grupo de vocales de las organizaciones representativas de la RC en España? 

R.- Ahora hay tres grupos con los que, relativamente, no hay problema: las organizaciones empresariales, los sindicatos y las  Administraciones Públicas. Para nosotros hubiera sido ideal que hubieran estado las 17 [comunidades autónomas] pero no puede ser porque esto se desborda. Se ha aprobado cuáles serás las primeras y después de un año cambiarán por orden alfabético. 

El problema está en el otro grupo [organizaciones representativas de la RSE] donde hay que conseguir recopilar experiencias empresariales en RSE. Para conseguirlo debemos buscar determinados grupos  asociados de empresas que se hayan creado fundamentalmente para hacer RSE. Es algo que tenemos más o menos arreglado. Luego hay una serie de consejos que está claro que van a entrar: el Consejo de Consumidores, el Consejo de Discapacidad, el Consejo de Economía Social, el Consejo de Medio Ambiente…  Después queda el grupo de otro tipo de organizaciones que, sin ser consejo, son muy conocidas por todos y los expertos. 

Es complicado porque el Ministerio ha recibido 38 solicitudes de participación para 14 sillas. Vamos a hacer un esfuerzo para que, al menos,  nadie cuestione a los que estarán en el grupo . Podrán gustar más o menos, pero van a ser las  entidades que hoy en día están trabajando en esta materia en España . 

Ahora mismo no se puede dar ningún nombre porque se está trabajando en una propuesta y hasta que no se produzca el envío de cartas [solicitando vocales por parte del Ministerio de Trabajo] el tema está abierto. 

P.- Desde la Unión Europea se está trabajando duramente por difundir la Responsabilidad Corporativa entre las empresas, incluso se considera un factor de excelencia para el desarrollo económico europeo. Cómo miembro del Grupo de Alto Nivel de la RSE de la Comisión Europea conoce de cerca los debates que están configurando la RC europea  ¿Cómo encaja la directiva de las 65 horas en el marco de esta política de fomento? ¿Está perdiendo la RC fuerza en Europa? 

R.- Construir Europa es necesario para todos  lo que ocurre es que muchas veces los procesos de ampliación traen consigo la incorporación de países que pueden venir con legislaciones diferentes a los que llevamos muchos años apostando por temas sociales y tenemos importantes regulaciones.  

Este es un debate complicado, porque cualquier decisión no es la ideal. Nosotros como país no estuvimos de acuerdo con ello, aunque se aprobó. Ahora, comprendemos el razonamiento por parte de otros. Porque fijarlo en 40 o 45 horas supone que no lo van a aprobar muchos de los países que han entrado nuevos  ya que no lo tienen recogido en sus legislaciones y les supone un cambio brutal en la situación que se encuentran ahora. 

Entonces, efectivamente, los acuerdos de esta Unión Europea muchas veces chirrían con las apuestas que se hacen en otros foros. Para entendernos, de los 27 países miembros los que hablamos de RSE somos los 12 ó 15. A los demás les queda un poco lejos. 

La comunicación del 2006 tuvo una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva fue construir un discurso ligado a dos estrategias fundamentales de la Unión Europea: una la del crecimiento y el empleo, lo que llamamos la Cumbre de Lisboa; y otra es la del desarrollo sostenible. 

La parte negativa es la falta de concreción de determinadas actuaciones como países conjunto.  No digo regulaciones sino actuaciones conjuntas. Quizás ha sido debido a que no se han tenido en cuenta criterios que procedían del entorno, por ejemplo, del foro multistakeholder de la Unión Europea. También es verdad que el foro multistakeholder es muy complicado de gestionar porque son intereses, en muchos casos, contrapuestos. 

Llegar a acuerdos es difícil pero tampoco puedes cerrar los ojos. En el Grupo de Alto Nivel algunos países hemos manifestado que deberíamos tener más en cuenta lo que se nos dice en el entorno porque si no conseguimos que la RSE sea creíble no tiene valor. 

P.- La crisis económica amenaza con dejar en un segundo plano los esfuerzos en Responsabilidad  Corporativa ¿Podría la RC ayudar a las empresas a salir reforzadas de las dificultades económicas? 

R.- La crisis económica mostrará la consistencia y solvencia que tienen los planteamientos de RSC que están aplicando las empresas. Este es un gran reto para la RSE. 

Algunos identifican la responsabilidad social con la Acción Social externa. Está bien que se haga Acción Social pero no es RSE. Entre todos hemos conseguido, tanto en el documento del Foro de Expertos como en el Diálogo Social unas definiciones muy similares de lo que es RSE, por lo tanto, apliquemos eso. 

No me preocupa que haya menos dinero  para Acción Social desde el punto de vista de RSE. Lo que me preocupa ahora es que en el ámbito empresarial nos encontremos con que los trabajadores soportan el mayor peso de la crisis. Si es así, algo no funciona en la RSE. 

Hay grandes empresas y sectores de actividad  que podían, en los periodos de bonanza, haber creado fondos y apoyar procesos  de capacitación del personal, lo que permite que en situación de crisis la adaptación interna o externa sea más fácil que cuando el trabajador no está cualificado. Eso me parece socialmente responsable. No estoy diciendo que aquella empresa que tiene que hacer un reajuste laboral es irresponsable sino que no es lo mismo tener en cuenta criterios socialmente responsables a la hora de tomar las decisiones de ese tipo. Si se tienen en cuenta se esforzarán más como empresa para que las medidas que tengan que tomar sean lo menos traumáticas posibles para las personas.