La gestión privada de las políticas sociales

La privatización no ha respondido tanto a una mera opción ideológica neoliberal sino a razones de reducción de costes y flexibilización de las relaciones laborales, porque mediante la gestión privada se atiende a más gente con el mismo gasto social público. 

26-02-2009 – Héctor Maravall–Gaceta Sindical–El informe del Defensor del Pueblo –que no es precisamente un izquierdista– sobre los centros de atención a menores ha podido sorprender a la opinión pública, pero no a quienes conocen lo que está sucediendo con la gestión privada de los servicios sociales. 

No se trata de ser maniqueo y pensar que toda la gestión privada es negativa y toda la pública positiva, ni mucho menos. Hay ejemplos de entidades privadas que funcionan bien o muy bien: Caritas, Cruz Roja, algunas órdenes religiosas, ONG o Fundaciones como FEAPS, etc. y que a veces son ejemplo de buenas prácticas, de iniciativas innovadoras o de optimización de medios y calidad de la atención. Como también hay claros ejemplos de mala gestión pública. Pero en España hemos vivido un intenso proceso de privatización de la gestión de los servicios sociales, sin el imprescindible debate político y social sobre las condiciones y garantías que esto debe conllevar. 

La privatización, salvo algunas excepciones como la Comunidad de Madrid o el País Valenciano, no ha respondido tanto a una mera opción ideológica neoliberal –lo han hecho también gobiernos progresistas–, sino a razones de reducción de costes y flexibilización de las relaciones laborales, porque mediante la gestión privada se atiende a más gente con el mismo gasto social público. Aun sin entrar en las consecuencias a medio y largo plazo de esta vía de desarrollo de las políticas sociales, lo cierto es que nadie da duros a cuatro pesetas: si reducimos costes inevitablemente se resentirán la calidad de la atención a los usuarios o las condiciones de trabajo, si no ambas cosas. Y ya que es difícil impedir o frenar esa opción privatizadora de la gestión, al menos establezcamos unas claras condiciones de su práctica.

Las Administraciones que delegan sus competencias y responsabilidades deben ser tremendamente exigentes en los pliegos de condiciones que rigen los conciertos, detallando con minuciosidad las obligaciones, fijando con precisión las garantías y los estándares de calidad para los usuarios y unas formas eficaces de reclamación de derechos, contemplando unos suficientes y efectivos servicios de inspección y de evaluación, y estableciendo unas severas sanciones para los incumplimientos. 

Sólo desde este rigor podremos evitar que se produzcan actuaciones como las denunciadas ahora o las que se producen en centros de mayores o de personas con discapacidad.