Consumidores y sindicatos remiten al Gobierno medidas para que las ayudas de los bancos lleguen a las familias

CCOO, UGT y el CCU proponen nueves medidas para paliar el sobreendeudamiento de las familias y favorecer que las ayudas públicas a las entidades financieras lleguen al conjunto de la sociedad 

27-02-2009 – CCOO, UGT y el Consejo de Consumidores y Usuarios han presentado esta mañana una Declaración Conjunta, que ha sido remitida a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, en la que proponen nueve medidas concretas dirigidas a favorecer que las ayudas del Estado a los bancos lleguen a las 2,7 millones de familias endeudadas por la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas. 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, UGT Y CCOO EN RELACIÓN CON EL SOBREENDEUDAMIENTO. 

Ante la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos y ciudadanas, fruto de la crisis y las dificultades económicas que atraviesa nuestra economía, dentro de un contexto de crisis generalizada a nivel global, las organizaciones que suscribimos la presente declaración, consideramos que se deben emprender con carácter urgente una serie de medidas encaminadas a aminorar el impacto que esta situación, especialmente preocupante en el ámbito del sector inmobiliario de carácter residencial, esta teniendo. 

Las medidas que proponemos, principalmente se dirigen a dotar de transparencia, agilidad y eficacia, los procesos de reestructuración de deuda de carácter familiar y a favorecer el traslado de las medidas de apoyo al sector financiero, hacia la sociedad. 

Por ello proponemos las siguientes medidas: 

- Creación de Unidades de Asesoramiento y apoyo frente al sobreendeudamiento en las Administraciones de Consumo, con participación de las Asociaciones de Consumidores y los agentes sociales. 

- Establecer planes de reestructuración de la deuda que en caso de embargos judiciales, hipotecarios y crediticios, se realicen mediante un arbitraje, mediación y conciliación cuando afecte a la vivienda habitual o a las retribuciones salariales del afectado, con el objetivo de reconducir la deuda y la economía doméstica del acreedor, negociándose con la entidad de referencia desde las instituciones de consumo, asociaciones de consumidores u organizaciones sociales que designe el consumidor y todo ello en un plazo razonable de arbitraje, acreditándose este hecho como requisito previo. 

- Dentro de los mecanismos a tener en cuenta en estos procedimientos, se debería contemplar la actualización de los tipos de interés a las hipotecas más rápidamente, estableciéndose algún tipo de garantía ante la eventual desviación del Euribor respecto del tipo que marca el BCE, estableciendo una línea específica por parte del ICO mediante avales y garantías o créditos puente para la rehabilitación de la hipoteca, en el caso de colectivos en especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. 

- Modificación del artículo 131 de la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de la vivienda sin medidas intermedias de arbitraje, y que permita paralizar la ejecución hipotecaria en los términos actuales. 

- Dotación de un procedimiento judicial específico sobre la base de la facultad moderadora de los jueces, en caso de situaciones familiares económicamente graves en relación con el articulo 11 de la Ley 28/98 de venta a plazos de bienes muebles, en el caso de no llegarse a un acuerdo en el procedimiento extrajudicial. 

- En los supuestos de ampliación del plazo de amortización a petición del consumidor, o de que se proceda a la venta de la vivienda por motivos de imposibilidad de asumir los pagos hipotecarios, debería contemplarse la exención de comisiones, tributos o tasas. 

- El estudio de medidas encaminadas a la adquisición de viviendas VPO por las Administraciones en caso de impagos y proceder al alquiler de la misma, al antiguo propietario, ofreciendo la posibilidad de recompra futura. Esta medida debería estar enmarcada en una acción concertada del conjunto de las Administraciones Públicas y el sector privado, para promover programas de vivienda en alquiler, que contemple tanto los problemas asociados a la disposición de suelo como el stock de vivienda nueva existente y el acceso a la financiación. 

- Reforma de la normativa sobre transparencia bancaria y publicidad financiera para evitar formatos agresivos y posibles condiciones abusivas en los contratos de préstamos y créditos, así como la regulación de la intermediación del crédito y las consultoras financieras de reunificación de deudas. 

- El establecimiento de una reglamentación que contemple y favorezca el impulso de la educación financiera y un modelo de consumo sostenible, junto con la creación de una red de servicios de asesoramiento presupuestario y la implantación de un nuevo procedimiento extrajudicial con la creación de Unidades de Asesoramiento y Apoyo frente al sobreendeudamiento. 

Marzo de 2009